Centros de datos: el problema ya no es el capital, es encontrar dónde

Un mercado que se multiplica por seis

Según el Informe Anual 2025 de SpainDC, la potencia TI instalada en centros de datos comerciales en España cerró 2025 en 439 MW, un 24 % más que el año anterior. Si se mantiene la tendencia, la proyección a 2030 se sitúa en torno a los 2.537 MW —casi seis veces la capacidad actual— con una inversión prevista de unos 66.900 millones de euros. El interés tiene explicación:

• Un mix eléctrico con alta penetración renovable y costes competitivos frente al norte de Europa.
• Buena conectividad internacional por cable submarino.
• Disponibilidad de suelo en un momento en que los hubs tradicionales del FLAP-D (Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) llevan años saturados.

El crecimiento, eso sí, está muy concentrado: Madrid, Barcelona y Aragón reúnen más del 80 % de la potencia instalada. Esa concentración es precisamente la que empieza a chocar con los límites físicos del territorio.

Las restricciones reales

Cuatro muros aparecen una y otra vez durante la búsqueda de emplazamiento, y ninguno se resuelve con más capital:

• La red eléctrica. Es el primer muro. Buena parte de los nudos de transporte y distribución de las zonas más demandadas ya no admite nueva demanda de alta tensión, y esa saturación se concentra justo donde los promotores quieren construir.
• El agua y el clima. Julio de 2026 fue en la España peninsular el mes más cálido de la serie histórica de AEMET —empatado con julio de 2022— y también el julio más seco desde 1961. La tecnología ha mitigado el problema (circuitos cerrados, refrigeración híbrida), pero sigue siendo un factor de riesgo regulatorio y de aceptación social en cuencas con déficit estructural.
• La contestación local. Ya ha aterrizado en España: movilizaciones vecinales en Torrelobatón (Valladolid) frente a un proyecto de 160 MW, o las dudas surgidas en Getafe al detectarse un aumento de la potencia solicitada en un polígono industrial. Cada vez más alegaciones piden evaluar los proyectos de forma acumulada, no uno a uno.
• El itinerario administrativo. Un CPD encadena procedimientos que a menudo se tramitan en serie cuando podrían ir en paralelo: certificado de compatibilidad urbanística, habilitación del suelo (proyecto de actuación especial, de interés general o figura equivalente según comunidad autónoma), evaluación ambiental conforme a la Ley 21/2013, autorizaciones eléctricas y licencias de obra y actividad.

A todo ello se suma un problema de encaje de uso: muchos planeamientos municipales sencillamente no contemplan el uso "centro de datos". En suelo industrial el encaje suele ser directo, pero fuera de él aparecen lagunas que obligan a modificaciones puntuales del planeamiento o a Planes Especiales de Infraestructuras, con los plazos que eso implica.

Por qué es tan difícil encontrar la parcela

Quien viene de promover renovables arrastra un método que aquí no sirve del todo. Un parque solar busca radiación, pendiente suave y un punto de evacuación, y ocupa cientos de hectáreas de baja intensidad. Un centro de datos es el problema inverso: poca superficie y densidad de potencia altísima. Cada necesidad del CPD tiene una traducción territorial muy concreta:

• Potencia firme → proximidad real a subestación con capacidad disponible.
• Latencia → cercanía a rutas de fibra y nodos de interconexión.
• Refrigeración → disponibilidad hídrica o viabilidad de circuito cerrado.
• Encaje de uso → suelo industrial o figura urbanística que lo permita.
• Resiliencia → fuera de zona inundable y de riesgo de incendio elevado.
• Obra y logística → accesos aptos para transformadores y transporte especial.
• Convivencia → distancia a residencial por ruido y zonificación acústica compatible.

Esa combinación rara vez coincide en la misma parcela. Y ahí está el verdadero problema: no es que falten emplazamientos, es que la intersección de las siete condiciones es diminuta y no se ve hasta que se cruzan todas a la vez.

Capas dispersas y un bucle que consume meses

Las capas que determinan esa intersección dependen de administraciones distintas: el Catastro es estatal, el planeamiento es municipal, las zonas inundables son de la confederación hidrográfica, las figuras de protección de la comunidad autónoma y las servidumbres aeronáuticas de AESA. A lo que se suman vías pecuarias, montes de utilidad pública, patrimonio arqueológico o líneas de alta tensión existentes.

El resultado típico es un bucle que consume meses: se identifica una zona candidata, se encarga un estudio parcela a parcela, aparece una afección que la descarta y vuelta a empezar. Los proyectos que se torcieron por detectar tarde una afección son la versión cara de este mismo bucle. El coste no es solo el directo —honorarios, opciones de compra— sino el de oportunidad: mientras tanto, la capacidad de red disponible en ese nudo se la ha llevado otro.

La cartografía como filtro previo

Aquí un visor territorial profesional deja de ser una comodidad y pasa a ser infraestructura de decisión. Un sistema cartográfico digital completo aporta cuatro cosas:

• Cribado masivo antes de gastar un euro. Cruzar decenas de capas oficiales sobre todo un territorio permite pasar de miles de parcelas teóricas a una shortlist de emplazamientos viables en horas.
• Trazabilidad. No basta con saber que una parcela está afectada: hay que poder decir por qué, con la fuente oficial y el artículo que lo justifica. Es lo que sostiene una decisión ante un comité de inversión o una alegación ante la administración.
• Dato vivo. El planeamiento se modifica y los nudos se saturan. Trabajar contra fuentes sincronizadas evita decidir sobre una descarga de hace dieciocho meses.
• Un documento entregable. Un informe de viabilidad sirve a la vez para el inversor que pregunta por el riesgo, la administración que pide justificación y el municipio que quiere saber qué se va a construir al lado.

Ese último punto importa más de lo que parece: la transparencia temprana es hoy uno de los mejores seguros frente a la contestación social. Llegar a la información pública con las afecciones ya identificadas y justificadas cambia por completo el tono del procedimiento.

Conclusión: la ejecución empieza en unas coordenadas

El sector tiene capital, demanda y posición geoestratégica. Lo que le falta es capacidad de ejecución. Y la ejecución empieza siempre en el mismo sitio: una parcela concreta, con unas coordenadas concretas, y la certeza de que ahí sí se puede.

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